El presente curso, 2010/11, ha comenzado con importantes recortes en materia de recursos humanos y presupuestarios que afectan gravemente a la enseñanza pública, a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la enseñanza y repercuten gravemente en la calidad del servicio público y, por lo tanto, en el alumnado.
- Recorte injustificado y desmedido de la plantilla de profesorado.
- Aumento de ratio profesor/alumno.
- Eliminación del segundo orientador en Secundaria, lo que significa una inadecuada atención al alumnado en general y al de características específicas en particular.
- Supresión de una hora de tutoría en Secundaria, lo que supone la falta de atención adecuada a las familias.
- Reducción de los desdobles en el Primer Ciclo de Secundaria que estaban destinados a atender medidas de apoyo al alumnado y combatir el abandono prematuro de las enseñanzas y el fracaso escolar.
- Disminución de las Aulas de Enlace y Educación Compensatoria.
- Recorte de una hora, de las tres asignadas, para desempeñar la Jefatura de los Departamentos, lo que dificulta la coordinación entre el profesorado de cada materia.
- Eliminación de las Jefaturas de Estudios adjuntas, en todos los centros con menos de 16 unidades.
- Supresión de unidades de Bachillerato nocturno y falta de recursos humanos para atender la ascendente demanda de este tipo de enseñanza.
- Supresión de profesorado de apoyo en Educación Infantil, Centros de Enseñanza de Personas Adultas y Escuelas de Idiomas.
- Eliminación de rutas escolares.
- Supresión de unidades de Sección Lingüística y/o insuficiencia de la Sección para asumir a todo el alumnado procedente de programas bilingües.
- Eliminación o privatización del personal de administración y servicios (auxiliares de hostelería, auxiliares de control, administrativos, técnicos especialistas III, Educadores Infantiles, etc.)
- Reducción de las Aulas Abiertas.
Estas medidas van en detrimento de la enseñanza, son desproporcionadas, injustas, ineficaces, ineficientes y antieducativas. Por todo ello, deterioran el servicio público de la educación y afectan al conjunto del alumnado de nuestro centro. Por todo ello, la Asociación de Padres y Madres del Isabel la Católica, manifiesta su rechazo ante estas medidas y exige a la Consejería de Educación que tome las medidas oportunas para garantizar una educación acorde con lo establecida en nuestra Constitución y, además, de calidad.
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